ideas , propuestas , hechos , medidas antiburocracia , para mejorar la AP en España

martes, 2 de septiembre de 2008

rectificacion de " el medico interactivo"


El Medico Interactivo 2-Sep-2008
Rectificacion a la informacion previa de "desunion de los colectivos de AP"
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Médicos madrileños están aplicando la medida de no prescribir recetas de otros niveles asistenciales A. Villajos La única excepción están siendo los tratamientos de Urgencias, frente a los que los facultativos han adoptado una actitud expectante durante los próximos 30 días para ver si se cumplen los compromisos de la Consejería de proporcionar medicación suficiente a los pacientes hasta que puedan ser valorados por su médico de cabecera Madrid (3-9-08).- Los médicos de Primaria madrileños están aplicando la medida de no prescribir recetas de otros niveles asistenciales. Así lo ha puesto de manifiesto la doctora Asunción Rosado, miembro del Grupo Antiburocracia de la Comunidad de Madrid, que ha matizado la información publicada sobre este tema en la edición de ayer. La doctora ha explicado que la única excepción están siendo los tratamientos de Urgencias, frente a los que los facultativos han adoptado una actitud expectante durante los próximos 30 días para ver si se cumplen los compromisos de la Consejería de proporcionar medicación suficiente a los pacientes hasta que puedan ser valorados por su médico de cabecera. En el tema de las Urgencias, Rosado ha comentado, "que nosotros exigíamos receta, pero la Consejería, por ahora, ha propuesto dar medicación hasta que el paciente pueda acudir al médico de cabecera y que éste valore si debe seguir con el tratamiento o sustituirlo por otro, y vamos a ver si funciona durante un mes. Si no funciona, tendremos que volver a las medidas iniciales. Es un parche y el paciente va a querer que se le recete en Urgencias y a principios de octubre decidiremos si volvemos a las medidas anteriores".La doctora Rosado ha asegurado que "no vamos a hacer recetas de Urgencias, el paciente que quiera el medicamento que le ha mandado el médico de Urgencias tendrá que comprarlo en la farmacia y luego solicitar el reintegro de gastos, que es lo que dice la normativa". Las instrucciones de la Consejería entraron en vigor el pasado 29 de agosto y en teoría, "todos los especialitas deberían estar informados ya".La doctora ha asegurado que va a haber una posterior reunión para ver qué pasa con el caso de las Urgencias extrahospitaalarias, como el SUMMA y las Urgencias de Atención Rural.El Grupo Antiburocracia de la Comunidad de Madrid emitió a principios de julio un comunicado en el que se anunciaba que a partir del 1 de septiembre los médicos de cabecera iban a dejar de emitir las recetas de otros niveles asistenciales. Con esta medida, el objetivo era erradicar la burocracia de las consultas para la mejorar la Sanidad pública y dignificar la labor de los médicos de Primaria, ya que, tal y como asegurabann los facultativos, el 50 por ciento del tiempo de consulta lo empleaban en tareas burocráticas.

El Colegio de Médicos madrileño así como las cuatro sociedades de Atención Primaria de Madrid, la de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFYC), SEMERGEN-Madrid, SEMG-Madrid y la Asociación Madrielaña de Pediatría (AMPAP) han apoyado a este grupo desde el principio

el pais 2 de septiembre 2008


Los médicos de familia dejan de prescribir recetas de especialistas
La Comunidad dicta una resolución que impedirá que los facultativos de atención primaria tengan que extender tratamientos no ordenados por ellos
REBECA CARRANCO - Madrid - 02/09/2008

Se acabó. Los 4.000 médicos de atención primaria de la Comunidad ya no tienen que extender las recetas de otros facultativos. Un acuerdo entre los sanitarios y la Consejería de Sanidad obliga a los especialistas y a los médicos hospitalarios a que faciliten la receta a sus pacientes ellos mismos, en lugar de obligar a los de primaria a hacerlo. La instrucción entró en vigor el sábado; 2.200 médicos de familia habían anunciado en julio que no prescribirían recetas que no fueran suyas a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, fuentes del Colegio de Médicos aseguraron ayer que serán flexibles el primer mes: "Ningún paciente se quedará sin su receta", dicen.

La norma beneficia al paciente, que se ahorra una visita al centro de salud
Esta situación de delegar las recetas a los médicos de primaria es una cuestión de "costumbre", según Luis Aguilera, presidente de la Sociedad Española de Familia y Medicina Comunitaria, puesto que cada médico, incluidos los especialistas, tiene su talonario de recetas. Pero hasta la resolución que ha dictado el Gobierno regional, el paciente tenía que ir dos veces al médico: una al especialista para recibir el tratamiento y otra al de familia para que le dieran la receta.
De este modo, los médicos de primaria perdían la mitad de su tiempo en papeleo. Este problema llevó a unos 200 sanitarios a crear el Grupo Antiburocracia, una asociación de médicos que, a título personal y organizada a través de Internet, ha conseguido el respaldo de 2.200 facultativos, cuatro sociedades médicas y el aval de un informe jurídico del Colegio de Médicos, que habla de "saturación" y de "perjuicio para los pacientes".
Llegara o no el acuerdo, el Grupo Antiburocracia dijo que el 1 de septiembre dejaba de recetar. Pero el acuerdo ha llegado. "El médico de atención primaria no realizará ninguna prescripción a pacientes atendidos en consultas externas", dice la resolución de la consejería, con fecha del 28 de agosto.

"Es difícil que desde el sábado haya dado tiempo de comunicarlo a todos los hospitales. Esperamos que en 15 días se aplicará plenamente. Mientras, intensificaremos la campaña de información ciudadana", aseguró ayer Pablo Cubero, presidente de la Sociedad Madrileña de Familia y Medicina Comunitaria, una de las que apoya al Grupo Antiburocracia.
El acuerdo recoge una segunda medida que los médicos han puesto en cuarentena. Está referida a la prescripción en urgencias. La consejería, según los sanitarios, se niega a que se extiendan recetas en esta área. Pero sí acepta que en este tipo de atención "se entregue la medicación suficiente para que el paciente mantenga su tratamiento hasta que pueda contactar con su médico de familia". "De esta forma, los médicos de primaria valoramos y decidimos, en lugar de hacer una función puramente de secretariado, como pasaba hasta ahora", explicó Asunción Rosado, portavoz del Grupo Antiburocracia.

Los médicos se han dado de plazo hasta octubre para ver cómo funciona este sistema. Es lo que Francisco José Sáez Martínez, presidente en Madrid de la Sociedad General de Medicina, ha definido como "una tregua". Si no marcha bien, amenazan con dejar de recetar para urgencias y presionarán para que los facultativos asuman esta tarea.

Las urgencias extrahospitalarias (atendidas por los servicios de emergencia de la región) son el único punto donde no se ha alcanzado un acuerdo. La consejería se niega a que los sanitarios móviles prescriban, y los médicos de atención primaria no ven el motivo. El tema se tratará en una segunda reunión entre la consejería y los facultativos prevista para este mes.

miércoles, 27 de agosto de 2008

historia electronica, del paciente, en internet


Electronic Personally-Controlled Health Record

Dossia will enable you to be an active partner in managing your health care.
Dossia will allow you to:
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-Share complete and up-to-date health information with your providers
-Avoid potentially dangerous delays, mistakes and miscommunications when more than one health professional is involved in your care
-Use your time in the doctor's office more effectively
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-Help family members manage their health care
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As a communication tool Dossia will help cut down on medical errors and eliminate waste. This will improve the quality of the care you receive and reduce inefficiency in the health care system.
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What Dossia Will Do
Dossia is working to supply you with a Web-based infrastructure that automatically provides an electronic summary of your medical history from many sources - most importantly, one that is personally controlled, private, portable and secure.
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Once you have gathered information for your record, you alone are free to include or exclude that information in your Dossia personally-controlled health record, and you alone determine what parts of your Dossia record that you will share with others. Your record may include problems, medications, procedures, tests, allergies, your family history and many other types of health information.
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The key feature to understand about the Dossia is that it is personal and private. You choose how much data is collected in your record and shared, with whom, and in what form. It is recommended that you share a complete record with your physician, but the decision is always in your hands. Your record will also be portable; you can continue to update it and use it even if you move to another state or change employers, health plans or doctors.
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How Dossia Guards Your Privacy
You opt-in to the system if and when you want. You decide what information to share and who to share it with. You decide which parts of your record will be seen by others. No one can see any information without your permission and that includes your employer and insurance company.
Your Dossia site is password-protected and secured by the same financial industry technologies that ensure the safety of billions of dollars of online transactions every day. Dossia is also protected by additional security enhancements appropriate to the sensitive nature of medical data.

vacuna papiloma virus (VPH) agost0 2008-El mundo.es


una vacuna políticamente correcta
21 de agosto de 2008.-

Lideraba el Ministerio de Sanidad Elena Salgado cuando altos cargos de su departamento –que además continúan en ellos en la actual legislatura- pidieron una reunión con EL MUNDO para debatir sobre la verdadera necesidad de universalizar en España la
Una vacuna políticamente correcta

21 de agosto de 2008.- Lideraba el Ministerio de Sanidad Elena Salgado cuando altos cargos de su departamento –que además continúan en ellos en la actual legislatura- pidieron una reunión con EL MUNDO para debatir sobre la verdadera necesidad de universalizar en España la vacuna del virus del papiloma humano (VPH). Esta inmunización, que en los ensayos clínicos había obtenido muy buenos resultados, estaba ya presente en los medios de comunicación al ser la primera vacuna capaz de prevenir un cáncer: concretamente el de cuello de útero –en adelante 'cérvix'-.
La lógica aplastante -en un principio- de que esa patología es, en su origen, una enfermedad de transmisión sexual provocada por la eventual potencialidad del VPH de malignizar las células de esa parte de la anatomía femenina, y que sin el virus esos tumores dejarían de existir, era un mensaje claro que entendió la mayoría de la sociedad, maravillada por los continuos avances de la biomedicina. Unos cuantos titulares en la prensa bastaron para que en nuestro país en buena parte de las familias se hablara de la importancia de vacunar a las mujeres entre 12 y 14 años, antes incluso de que comenzaran a tener relaciones sexuales.
Las razones que daba Sanidad para desapuntarse entonces del carro de la vacunación masiva contra el VPH tenían su sentido. La de más peso era que no había evidencia científica con la que se pudiera afirmar –como aseguraban los más entusiastas de la medida- que dentro de 30 años la mortalidad por cáncer de cérvix ya no sería problema debido precisamente a la vacuna. Además, nuestras autoridades, también con razón, mantenían que el vacunar no descartaría las visitas rutinarias al ginecólogo (que es lo que se ha probado que controla de verdad la enfermedad) y que la incidencia de la patología en España era de las más bajas del mundo y, por tanto, no constituía una preocupación para la Salud Pública. El problema del cáncer de cérvix en el mundo lo tienen sobre todo en África y en el Sudeste asiático.
De lo que no se habló, pero estaba latente, fue del costo de la financiación por parte del Estado, puesto que la medida es una de las más caras que hay en el mercado de la vacunación. Soportada por el erario público, lastrará en muchos millones de euros cada año las cuentas de las Conserjerías Sanitarias de cada Autonomía.
Lo que ahora sorprende es que el Ministerio haya cambiado el paso y apoye con entusiasmo vacunas contra el VPH para todas las adolescentes españolas sin que existan nuevos datos que justifiquen científicamente un cambio de rumbo tan marcado.
Quizá se comprenda la postura por el ruido excesivo que en su día se transmitió a nuestra sociedad sobre el asunto –los medios de comunicación hemos contribuido significativa pero precipitadamente a tanto decibelio- y la sensación que tienen las administraciones –movidas a menudo a golpe de titulares- de que lo mismo si se pagan terapias preventivas se pueden lograr votos.
Sin embargo, si se lee con detenimiento el trabajo que se publica hoy en el 'New England Journal of Medicine' sobre el coste-eficacia en EEUU (con mucha mayor incidencia de cáncer de cérvix que en España) habrá que concluir que –salvo casos ideales que se cumplirán muy pocas veces- el precio de vacunar a todas, comparado con el beneficio que se puede obtener, quizá sea disparatado.
El editorial que acompaña al trabajo es aún más crítico. Concluye que ninguna medida como ésa se debería tomar sin contar con datos mucho más sólidos de los que hoy se tienen.
Este blog se extendería demasiado si, además, se comentará con algo de extensión el demoledor artículo que sobre el marketing que se ha hecho del VPH se publicó ayer en la portada del 'The New York Times'. Estar en la primera página, en esas condiciones, del mejor y más influyente periódico del mundo no favorece en nada a una industria que necesita desesperadamente abandonar sus malas posiciones en la lista de empresas que cuentan con la confianza de nuestra sociedad. Como no suban puestos arriesgan realmente su futuro a medio y largo plazo.
Por otra parte, nuestras autoridades tendrían que consensuar (con ciencia y sentido común) las medidas sanitarias que generalizadas pueden ser enormemente caras teniendo más en cuenta (nos guste o no a los ciudadanos) el coste-beneficio de la acción.
En España, hay cosas que en salud pública, sobre todo en época de crisis como la que ahora tenemos, son mucho más importantes –y sí menos mediáticas y onerosas- que evitar el contagio del VPH en nuestras féminas a cargo del Estado.
José Luis de la Serna es responsable del Área de Salud y subdirector de El Mundo.. Esta inmunización, que en los ensayos clínicos había obtenido muy buenos resultados, estaba ya presente en los medios de comunicación al ser la primera vacuna capaz de prevenir un cáncer: concretamente el de cuello de útero –en adelante 'cérvix'-.
La lógica aplastante -en un principio- de que esa patología es, en su origen, una enfermedad de transmisión sexual provocada por la eventual potencialidad del VPH de malignizar las células de esa parte de la anatomía femenina, y que sin el virus esos tumores dejarían de existir, era un mensaje claro que entendió la mayoría de la sociedad, maravillada por los continuos avances de la biomedicina. Unos cuantos titulares en la prensa bastaron para que en nuestro país en buena parte de las familias se hablara de la importancia de vacunar a las mujeres entre 12 y 14 años, antes incluso de que comenzaran a tener relaciones sexuales.
Las razones que daba Sanidad para desapuntarse entonces del carro de la vacunación masiva contra el VPH tenían su sentido. La de más peso era que no había evidencia científica con la que se pudiera afirmar –como aseguraban los más entusiastas de la medida- que dentro de 30 años la mortalidad por cáncer de cérvix ya no sería problema debido precisamente a la vacuna. Además, nuestras autoridades, también con razón, mantenían que el vacunar no descartaría las visitas rutinarias al ginecólogo (que es lo que se ha probado que controla de verdad la enfermedad) y que la incidencia de la patología en España era de las más bajas del mundo y, por tanto, no constituía una preocupación para la Salud Pública. El problema del cáncer de cérvix en el mundo lo tienen sobre todo en África y en el Sudeste asiático.
De lo que no se habló, pero estaba latente, fue del costo de la financiación por parte del Estado, puesto que la medida es una de las más caras que hay en el mercado de la vacunación. Soportada por el erario público, lastrará en muchos millones de euros cada año las cuentas de las Conserjerías Sanitarias de cada Autonomía.
Lo que ahora sorprende es que el Ministerio haya cambiado el paso y apoye con entusiasmo vacunas contra el VPH para todas las adolescentes españolas sin que existan nuevos datos que justifiquen científicamente un cambio de rumbo tan marcado.
Quizá se comprenda la postura por el ruido excesivo que en su día se transmitió a nuestra sociedad sobre el asunto –los medios de comunicación hemos contribuido significativa pero precipitadamente a tanto decibelio- y la sensación que tienen las administraciones –movidas a menudo a golpe de titulares- de que lo mismo si se pagan terapias preventivas se pueden lograr votos.
Sin embargo, si se lee con detenimiento el trabajo que se publica hoy en el 'New England Journal of Medicine' sobre el coste-eficacia en EEUU (con mucha mayor incidencia de cáncer de cérvix que en España) habrá que concluir que –salvo casos ideales que se cumplirán muy pocas veces- el precio de vacunar a todas, comparado con el beneficio que se puede obtener, quizá sea disparatado.
El editorial que acompaña al trabajo es aún más crítico. Concluye que ninguna medida como ésa se debería tomar sin contar con datos mucho más sólidos de los que hoy se tienen.
Este blog se extendería demasiado si, además, se comentará con algo de extensión el demoledor artículo que sobre el marketing que se ha hecho del VPH se publicó ayer en la portada del 'The New York Times'. Estar en la primera página, en esas condiciones, del mejor y más influyente periódico del mundo no favorece en nada a una industria que necesita desesperadamente abandonar sus malas posiciones en la lista de empresas que cuentan con la confianza de nuestra sociedad. Como no suban puestos arriesgan realmente su futuro a medio y largo plazo.
Por otra parte, nuestras autoridades tendrían que consensuar (con ciencia y sentido común) las medidas sanitarias que generalizadas pueden ser enormemente caras teniendo más en cuenta (nos guste o no a los ciudadanos) el coste-beneficio de la acción.
En España, hay cosas que en salud pública, sobre todo en época de crisis como la que ahora tenemos, son mucho más importantes –y sí menos mediáticas y onerosas- que evitar el contagio del VPH en nuestras féminas a cargo del Estado.

José Luis de la Serna es responsable del Área de Salud y subdirector de El Mundo.

martes, 19 de agosto de 2008

burocracia en AP ,diario El Pais


PAULINO CUBERO 19/08/2008 (el Pais)

Se entiende por burocracia la realización de actos repetitivos en la actividad laboral y se asocia generalmente el concepto al trabajo funcionarial con todo su contenido peyorativo. Los médicos de familia en España hemos asumido durante años la realización de estas tareas impropias ante la dejadez de las administraciones en la gestión de sus recursos humanos. Las bajas retribuciones y la abundancia de mano de obra médica hacían rentable esta situación y todavía hoy cada médico dedica más de la tercera parte de su jornada a la realización de recetas, partes de baja o informes.

La crisis es un buen aliciente para diseñar una sanidad sostenible
La creación de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria hace 30 años y la reforma de Atención Primaria hace 25 años fueron el inicio de la dignificación en este nivel que había alcanzado su mínimo con la masificación de los consultorios tradicionales hasta sobrepasar a menudo el centenar de pacientes citados en dos horas. Que nadie piense que exagero pues la irracionalidad nunca tuvo límites. Un buen ejemplo de ésta son los últimos 10 años de gestión sanitaria, desde el momento en que se decidió transferir las competencias sanitarias a todas las autonomías los médicos de Madrid (otras comunidades andan a la par), existe una falta absoluta de planificación sanitaria a gran escala, ligada sólo a las promesas electorales y el arbitrio de los ganadores o del consejero que eventualmente transita por el terreno sanitario.

Las movilizaciones de los últimos años, a propuesta de sindicatos o movimientos como la Plataforma 10 Minutos pero con el común denominador de la dignidad profesional, han puesto de manifiesto el compromiso de los médicos con su actividad asistencial y con la organización. El último acto es el anuncio del Grupo Antiburocracia, con el apoyo del Colegio de Médicos y las sociedades científicas, de la fecha del 1 de septiembre de 2008 como tope para seguir asumiendo las recetas generadas en otros niveles asistenciales. Es muy significativo que sea necesario llegar a este extremo para resolver un conflicto de años donde la pasividad de los gestores ha propiciado un mal servicio a los ciudadanos, obligados a peregrinar por el sistema en busca de una receta que la ley deja muy claro que tiene que realizar el médico que prescribe.
Del mismo modo, se ha exigido y parece que concedido la creación de un "informe único de salud" informatizado y regulado que evite las múltiples peticiones que organismos públicos y privados exigen del médico de familia sin que nadie se haya planteado su necesidad o utilidad. Así tenemos justificantes de inasistencia al trabajo, a los centros de estudios, incluidas guarderías, a actos culturales o sociales, justificantes para poder asistir a estos mismos sitios, para los viajes del Inserso, para balnearios o para ir a bailes de salón, entre muchos ejemplos. Claro que da la impresión de que no es la presión de los médicos si no la falta de ellos lo que ha encendido las alarmas y obligará a un mejor uso de los servicios.

En los últimos meses, el consejero Güemes ha hablado de la "autogestión" como la fórmula para resolver los problemas en Atención Primaria. La primera propuesta será la creación de sociedades limitadas de profesionales que podrán optar a la gestión de un Centro de Salud y la población adscrita al mismo. Este modelo, ensayado en Cataluña desde hace más de una década, parece una pobre solución pues la puesta en marcha de una docena de estos centros constituidos por personal voluntario no sólo no mejorará el funcionamiento de los otros 400 existentes, sino que les deja sumidos en la misma deriva de gestión actual y además les quitará algunos de los profesionales más voluntariosos. Además, existe el convencimiento generalizado de que este paso es sólo una excusa para emprender la adjudicación conjunta de algunos hospitales y sus centros de salud a empresas privadas para su gestión según el llamado "modelo Alzira".
Sea cual sea el resultado final, estamos de nuevo ante el tradicional nepotismo de los políticos, sordos a las propuestas de los profesionales y ciegos a la responsabilidad de sus acciones por el rápido tránsito en los cargos. Atención Primaria ha sido en las dos últimas décadas la garantía para la equidad en el acceso al sistema sanitario público. Es, además, el servicio sanitario mejor valorado, incluida la última encuesta de satisfacción del usuario del Ministerio de Sanidad presentada hace unas semanas, pese a la notable merma de recursos de los últimos años. En resumen, un modelo sólido y eficiente en el coste-resultado, que ahora el Gobierno regional propone desmantelar sin que exista un modelo alternativo conocido. Quizás la crisis sea un buen aliciente para diseñar una sanidad sostenible durante las próximas dos décadas pero nunca se hará sin un acuerdo entre partidos de gobierno y oposición, sindicatos, sociedades científicas y los usuarios. La sanidad como bien común exige que cada uno miremos hacia fuera pues mirarse el ombligo no es alternativa.

Paulino Cubero González es presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC).

domingo, 17 de agosto de 2008

historia clinica europea

El pais
España y 11 países de la UE pondrán en común sus historias clínicas

La tarjeta digital mejorará la seguridad e información sanitaria de los cuidadanos

MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 17/08/2008

Pedro M. G. viaja mucho. Trabaja de comercial en una compañía. Su salud es buena, pero más de una vez ha tenido que ir al médico fuera de su comunidad autónoma. También fuera de España. Cada vez que esto ocurre, se enfrenta a las mismas preguntas: ¿qué alergias tiene? ¿qué medicamentos toma? ¿padece alguna enfermedad? El médico le abre un nuevo historial médico y sanseacabó. Así, tiene esparcidos varios expedientes clínicos dispersos por toda la geografía española y algún que otro país de Europa. España ha firmado con 11 Estados miembros un proyecto para que esa dispersión termine. Un protocolo que permitirá que el médico que atienda a este comercial -en España o en uno de esos países- pueda acceder a una base de datos y consultar y completar su historia clínica en formato digital y en su propio idioma.

El afectado será el que dé permiso en cada situación al acceso de sus datos
El plan, que deberá estar funcionando plenamente en 2015 y que se suma a una propuesta de directiva europea sobre movilidad, es un paso más hacia la libre circulación de pacientes en la Unión. De momento, sólo Austria, Suecia, República Checa, Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Eslovaquia y Reino Unido, además de España, formarán parte del proyecto que contará con una financiación inicial de más de 22 millones de euros durante los tres primeros años. España, a pesar de que es uno de los países con un sistema de digitalización de archivos médicos más desarrollados de la UE, tendrá que dar un gran impulso para lograr llegar a tiempo al plazo.

Actualmente, el 80% de las historias clínicas que están los centros de atención primaria son digitales, según el Ministerio de Sanidad. La asignatura pendiente es generalizarla en los hospitales.

El proyecto europeo -Smart Open Services (SOS)- tendrá que lidiar con muchas dificultades técnicas que España ya conoce: la diferencia de idiomas, la variedad de sistemas informáticos y las leyes de privacidad de datos. "El modelo español de división de competencias puede servir como un buen ejemplo", sostiene el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria. De hecho, será a partir de octubre cuando empiece a funcionar en España un proyecto piloto en el que ocho comunidades -Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares, La Rioja- intercambien datos de historias clínicas a través de la red de comunicaciones del Ministerio de Sanidad.

Ese nodo o conjunto de macroordenadores centrales (que ya funciona, pero no para el intercambio de historias clínicas) será el encargado de que se pueda buscar, encontrar y consultar esa información, a pesar de que cada comunidad la tenga almacenada en un formato digital diferente. Lo mismo que se pretende hacer entre los 12 países que participan en el proyecto. Así, con la tarjeta sanitaria electrónica que existe en España -un formato que tendrán que adoptar otros países- se podrán consultar esos datos, independientemente del sistema informático en el que se hayan almacenado.
Para acceder a esa información, el médico también deberá tener un certificado digital reconocido -el del paciente será la tarjeta sanitaria electrónica- que le permita consultar las historias. "Y será el ciudadano, en el momento, quien tendrá que dar permiso para ese acceso. Salvo en caso de accidente o de urgencia vital", explica Juan Fernando Muñoz, subdirector adjunto de Tecnologías de Información de Sanidad y Consumo.
El acceso a información médica está regulado por la Ley de Protección de Datos. Por eso, el sistema de intercambio y consulta deberá cumplir requisitos muy estrictos: toda la información deberá ir cifrada, y cada acceso a un historial quedará reflejado.
Los profesionales sanitarios podrán además acceder a los datos esenciales de un paciente en su propia lengua. ¿Cómo podrá hacerse? "La información irá codificada basándose en unos estándares comunes; para ello España ya se ha incorporado a la Asociación para la Estandarización de la Terminología Clínica", matiza Pablo Rivero, director de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad. Así, el médico, al introducir en la base de datos el identificador del paciente, encontrará sus datos en su propio idioma.

Queda decidir qué datos contendrán esas historias clínicas. Uno de los puntos que los 12 países miembros del proyecto tienen que decidir aún. Para eso se ha creado un grupo de trabajo liderado por España. "Contendrán datos básicos y resumidos. Como las enfermedades crónicas, las alergias, los medicamentos que se están tomando...", dice Bernat Soria. Sin embargo, será el propio paciente quien decidirá si quiere que sus datos aparezcan en esa historia clínica resumida. "Una persona tiene también derecho a que ciertas cosas no aparezcan en ese documento", dice Rivero.
El proyecto SOS pretende también que la llamada receta electrónica funcione en los 12 países miembros del proyecto. Ésta permite el acceso electrónico -con la tarjeta sanitaria- a las órdenes de prescripción de medicamentos. Con este sistema, que aún se está implantando en España y que no funciona todavía en todas las comunidades, se podría solucionar la situación de un paciente que quiere comprar un fármaco en otro país. También permitirá a las farmacias dispensar recetas expedidas por otros países miembros del proyecto. "El programa fomenta la eficiencia en la prescripción, en los tratamientos, y reduce enormemente el gasto", argumenta Soria.

crisis y sanidad


Crisis sanitaria en España


Uno de los sectores sociales que se verá más afectado por la crisis económica y política en la que estamos viviendo será la sanidad pública. El sector privado de la sanidad en España es subsidiario de la pública, por lo que puede incluirse como apéndice del común.Los problemas de la sanidad española son múltiples y complejos, derivados de la ineptitud gestora de los políticos que se han acantonado en los puestos de dirección para defender los intereses del Gobierno de Rodríguez Zapatero o de los Presidentes de las autonomías que les pagan los sueldos cada mes.

Hay lugares en los que la detracción de recursos públicos para organizar delirios particulares de los políticos están trayendo graves consecuencias sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre su seguridad sanitaria y sobre las posibilidades de mantenimiento en el futuro de un nivel de prestaciones equivalente al actual.

La realidad es que la sanidad se está privatizando, algo que no debería resultar alarmante en un país normal, en España resulta casi un acto criminal, porque la externalización de recursos sanitarios en realidad oculta una operación mercantil que beneficia a los favorecidos por el régimen socialista, popular o nacionalista, según ubicación y circunstancia.
En el año 2.000 la cobertura sanitaria era prácticamente universal, en la mayoría de las comunidades autónomas, tanto en oferta de recursos como en demanda de los mismos. En oferta porque el Estado procuraba recursos completos, desde la atención sanitaria directa hasta todos las atenciones complementarias que requiere, en demanda porque los ciudadanos sólo por ser españoles tenían asegurada la asistencia completa de sus problemas por el servicio nacional de salud.

Con la transferencia autonómica de los recursos se han producido numerosas desviaciones y peculiaridades gestoras, que expuestas con claridad ponen los pelos de punta a cualquier ciudadano medianamente informado.
La sanidad está tremendamente politizada, posiblemente sea el sector público más politizado. La gestión sanitaria no tiene como prioridad la asistencia de los ciudadanos, porque cada vez presenta más metástasis políticas, que en realidad busca defender la cara del régimen correspondiente, en un alarde de propaganda y ocultación.

Es cierto que el Ministerio de Sanidad se ha quedado como testimonial en la gestión de los recursos sanitarios, pero el Gobierno español es responsable de todos y cada uno de los problemas sanitarios de nuestro país. Sean por falta de recursos, sea por desviación de los mismos, o sea por que los negocios prevalecen sobre los intereses de los ciudadanos.
En estos momentos se están haciendo grandes negocios en sanidad a espaldas de los ciudadanos, porque de la transferencia de recursos del Estado a las Autonomías, se ha pasado a la transferencia de recursos de las Autonomías al mercado, al mundo de los negocios.

Algunas de las operaciones mercantiles que se están haciendo con los recursos de la sanidad pública son las siguientes:

Grandes operaciones inmobiliarias, como ubicar un hospital o centro de salud en determinado lugar y comprar previamente los terrenos circundantes previo chivatazo a los amigos, porque incrementarán inmediatamente su valor.
Conceder rescisiones de medicamentos de demostrada eficacia a determinados laboratorios, para que dos años después saquen una molécula similar a un precio diez veces mayor que los originales. Permitir la incorporación de nuevas sustancias de utilidad no suficientemente demostrada.
Privatización de servicios sanitarios como todos los relacionados con los servicios parasanitarios, el transporte, la limpieza, la seguridad, concedidos a empresarios próximos a las causas particulares de cada autonomía.
Restricción de la incorporación de nuevos profesionales sanitarios, con la intención de realizar contratos con profesionales de otros países que acepten gustosos la proletarización laboral en su incorporación al sistema.
Permitir por parte del Estado la publicidad engañosa de los nutricéuticos, alimentos que llevan incorporadas sustancias que supuestamente son beneficiosas para la salud, sin haber realizado suficientes contrastes científicos de su eficacia. Cuenten diez anuncios televisivos en cualquier cadena y descubrirán que casi un 50 % están relacionados con la salud, especialmente en las emisiones matinales que tienen una audiencia de mayor edad y con más problemas de salud.

Un fuerte crecimiento del sector de la parafarmacia, devolviendo la ciencia médica a la época de la creencia irracional, porque la diferencia entre una sustancia eficaz contrastada, y otras sustancias que posiblemente sean beneficiosas, es la misma que la de seguir con vida o morirse de forma extraña.
La sanidad no se libra de la contaminación política, al contrario, cada día se está haciendo más incisiva y agresiva, sin que ninguna asociación sanitaria o de consumidores diga absolutamente nada, porque todas son dependientes del Gobierno y tienen su silencio comprado y asegurado desde los órganos de gestión y concesión de subvenciones.
Se está produciendo una estafa sanitaria a los ciudadanos de este país, un signo más del deterioro irreversible del Estado, de la degeneración de la política, del abuso y la opresión del poder, y de la pasividad estúpida de los ciudadanos que aceptan que les erosionen sus derechos sin hacer absolutamente nada.

Mientras haya salud no ocurrirá nada, pero el día que precisen de asistencia más allá de un catarro o unas anginas, pónganse a temblar, no por la buena formación de los profesionales sanitarios españoles, posiblemente de los más prestigiosos del mundo, sino por la aventura que supone llegar desde la demanda de asistencia a su prestación, y todo gracias a los numerosos obstáculos políticos que se han interpuesto entre los enfermos y quienes tienen que asistirles.

Lo dicho, que no falte la salud, y en su defecto no se pierdan las series "House", "Urgencias", "Anatomía de Grey", entre otras, para que comprueben como en realidad no son las cosas, y muéranse felices pensando lo afortunados que son por todo lo que han avanzado las ciencias de la salud en las series televisivas.


Erasmo de Salinas , Publicado por Ciudadano en la Red el domingo, agosto 17, 2008